sábado, 29 de abril de 2017

Fuerte reclamo de legisladores de Cambiemos al IAPV


Ante diversas expresiones de preocupación frente a eventuales dificultades que tendría el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) para dar respuesta a las numerosas demandas de soluciones habitacionales como producto de supuestas decisiones del gobierno nacional, los bloques de diputados y senadores de Cambiemos evaluaron la situación a partir de la cual realizaron distintas consideraciones. 
En ese sentido se indicó que entre 2008 y 2015 el IAPV finalizó, sumando viviendas del Programa FONAVI y de Programas Federales, un total de 9.211 unidades, vale decir a razón de un promedio de 1151 por año. Entre 2000 y 2003, en plena crisis, en un contexto recesivo y de bajísimos precios de nuestra producción exportable, y sólo con recursos del Programa FONAVI, se terminaron viviendas a razón de un promedio de 1.130 por año, vale decir casi la misma cantidad que en el período 2008-2015, en el que se inyectaron al sistema no sólo los recursos FONAVI, que de hecho se incrementaron como consecuencia del aumento de la recaudación fiscal, sino también una importante cantidad de fondos de los denominados "Programas Federales", que - a diferencia del FONAVI que se distribuye entre las provincias por medio de un coeficiente fijado en la ley - se fijaron de absolutamente discrecional por parte del Poder Ejecutivo Nacional, constituyendo esta herramienta una más de las que sirvieron para disciplinar gobernadores durante la "década ganada". Llama poderosamente la atención la enorme diferencia entre la cantidad de recursos con los que contó el IAPV en ambos períodos y la exigua diferencia en el logro de la cantidad de viviendas finalizadas; lo que demuestra a las claras la ineficiencia que ha venido caracterizando al instituto provincial de vivienda. Es también sorprendente que a nivel nacional, sumando lo hecho por todos los institutos provinciales de vivienda, en 2015, último año de gestión de Cristina Fernández de Kirchner, se finalizaron sólo 27.813 viviendas, menos que las 28.405 que se finalizaron en 2001 y las 36.581 en 2000, en la peor de las crisis y cuando sólo se disponía de recursos FONAVI. 
Por otro lado, es menester reconocer que el gobierno nacional del presidente Macri se encuentra empeñado firmemente en el desarrollo de un federalismo sólido y próspero en todo el territorio nacional. Este objetivo empezó a concretarse al abrir el diálogo y el intercambio de ideas entre jurisdicciones. Hasta hace no mucho tiempo era imposible imaginar las reuniones periódicas que existen entre gobernadores y funcionarios provinciales con autoridades nacionales para exponer las dificultades y buscar soluciones en conjunto. En este sentido, la preocupación del gobierno nacional por implementar políticas públicas destinadas a hacer realidad el derecho a una vivienda digna es innegable y se ve reflejada en un conjunto de programas y proyectos articulado de manera coherente. A través del Plan Nacional de Vivienda, inédito en el país, el Estado nacional ayuda de distinta manera a todos los sectores sociales para que cada vez más argentinos puedan tener su casa propia. Para los sectores sociales más vulnerables se está impulsando la construcción de viviendas sociales y proyectos de mejora del hábitat urbano; para los sectores de ingresos medios se han reformulado y mejorado las distintas líneas del ProCreAr; y para las familias con ingresos superiores a 4 veces el salario mínimo vital y móvil, se han lanzado los créditos hipotecarios con plazos de hasta 30 años y tasas bajas. No podemos dejar de señalar que en 2016 el IAPV recibió más de 830 millones de pesos de programas federales de vivienda(además de 425 millones del FONAVI), cifra sólo superada por el IPV de la Provincia de Buenos Aires, con algo más de 1.198 millones de pesos. Si hacemos la cuenta de recursos per cápita la diferencia es abrumadora a favor de Entre Ríos. Y en 2017 ya se han transferido al IAPV más de 252 millones de pesos, superando largamente lo recibido por las provincias hermanas de la Región Centro, y aún a la provincia de Buenos Aires. Si sumamos los programas de hábitat y vivienda de la Secretaría de Vivienda de la Nación, Entre Ríos recibió en lo que va del año más de 662 millones de pesos. En términos porcentuales Entre Ríos está al 26 de Abril de 2017 en el primer lugar de todo el país, con más del 10% de las transferencias para viviendas a a los diversos entes ejecutores, de modo tal que mal puede hablarse de recorte de fondos ni nada que se le parezca. 
Las autoridades del IAPV deben extremar esfuerzos para utilizar con la mayor eficiencia y transparencia posibles los recursos públicos de los que dispone, para poder dar respuesta así al enorme déficit de vivienda que sufren miles y miles de familias entrerrianas privadas todavía de este derecho fundamental, a pesar de las extraordinariamente favorables condiciones que imperaron hasta hace poco y que fueron lastimosamente desperdiciadas, como lo muestran las estadísticas oficiales sin dar lugar a ningún tipo de dudas. 
GRACIAS POR SU DIFUSION 
CARLOS M. JUAREZ PRENSA 
FOTOS: GERMAN ALDANA

miércoles, 22 de febrero de 2017

SALTO GRANDE ES NACIONAL, Y ES UN PROYECTO INCONCLUSO


Por José Antonio Artusi/ "... Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias...." Del artículo 40 de la Constitución de 1949. Inspiración del convencional entrerriano Arturo Sampay. Esa reforma constitucional nació viciada y tuvo como único fin la reelección de Perón, tal como lo denunciara Moisés Lebensohn en su histórico discurso en la convención; pero la nacionalización de los hidrocarburos fue un gran avance que todos haríamos bien en reivindicar, y que lamentablemente radicales y peronistas traicionamos en la reforma del 94, también generada por la posibilidad de incluir la reelección presidencial; que la sabia Constitución de 1853 no contemplaba. 
Pero volvamos al artículo 40; parece que algunos compañeros se olvidaron. Ironías de la historia, Sampay era concordiense. 
Salto Grande es nacional, mejor dicho, binacional. Entre Ríos tiene que percibir regalías y excedentes de Salto Grande como corresponde, no como durante los más de 12 años de gobiernos peronistas que retacearon recursos a las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones a partir de una resolución de Duhalde. Decir que vamos a provincializar Salto Grande es demagogia inconducente. Salto Grande, como el petróleo, es nacional. En el caso del petróleo, debería serlo, pero esa es otra historia. 
La discusión de las tarifas eléctricas pasa por otro lado; y si los recursos de la CAFESG se recuperan a partir de la paulatina normalización de los cuadros tarifarios es mucho lo que puede hacerse en se sentido a fines de promover algunas actividades estratégicas para el desarrollo regional; en vez de financiar proyectos de dudosa rentabilidad social y generalmente con sospechosos sobreprecios. 
Lo que hay que hacer con Salto Grande es finalizarla. Es una obra inconclusa. Hay que transformarla en un proyecto estratégico que haga realidad los propósitos múltiples que con acierto se incorporaron en el convenio de 1946 con este orden de prioridades: agua potable y saneamiento, navegación, energía eléctrica, riego. Sólo de esa manera podrá convertirse en una efectiva herramienta de promoción del desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de los entrerrianos.-

viernes, 16 de diciembre de 2016

Diputados de Cambiemos proponen crear la Federación Entrerriana de Municipios

El proyecto, que ingresó al recinto de la Cámara de Diputados en la sesión del 6 de diciembre pasado, fue presentado por el radical José Antonio Artusi y firman como coautores todos los diputados del bloque Cambiemos. 
El artículo 1º de la iniciativa establece la adhesión de la Provincia a la Ley Nacional Nº 24.807, que dispone la creación de la Federación Argentina de Municipios, y convoca a las Legislaturas y gobiernos provinciales a sancionar las leyes de adhesión y “disponer las medidas gubernamentales conducentes a promover en sus respectivas jurisdicciones con el objetivo de contribuir a fortalecer el quehacer de las administraciones municipales y favorecer el desarrollo local”. Según señala el segundo artículo de la iniciativa que promueve Artusi, la Federación Entrerriana de Municipios será una “entidad pública no estatal que nucleará a los Municipios de la provincia de Entre Ríos”. Contará con personería jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones de conformidad con las capacidades reconocidas por el Código Civil Argentino a las entidades públicas no estatales. “Actuará bajo el régimen de esta ley y las disposiciones que la propia entidad adopte para reglar y ordenar su funcionamiento, conforme a los procedimientos que resulten de su estatuto orgánico y en concordancia con lo preceptuado en la presente norma”, se lee en otro de los artículos. Sus metas serán “contribuir al fortalecimiento de un sistema de democracia representativa y participativa, pluralista y federal, y defender la vigencia de la autonomía municipal”, además de constituirse en “el ámbito institucional natural de convergencia de los municipios, desarrollando acciones dirigidas a fortalecer su rol y mejorar su gestión institucional”. Otro de los objetivos de la Federación será “representar a los municipios asociados ante los Poderes Ejecutivos, Legislativos y Judiciales de la Nación y la Provincia, agencias, entidades y organismos extranjeros e internacionales, organizaciones, asociaciones y programas vinculados al quehacer municipal”. Se trata de un proyecto legislativo que establece que será una “entidad pública no estatal que nucleará a los Municipios de la provincia de Entre Ríos” • Tendrá domicilio legal en Villaguay, pero podrá funcionar en forma rotativa y periódica en cada lugar de la provincia donde decidan reunirse sus órganos de conducción”, se indica en la iniciativa a la que tuvo acceso APFDigital El proyecto también crea una “Comisión Asesora Permanente”, que estará integrada por cuatro diputados y cuatro senadores (tres por la mayoría y uno por la minoría) y tendrá como objetivo “velar por el respeto de la autonomía municipal y el federalismo” y “coordinar con el Poder Ejecutivo actividades de fomento de la autonomía, capacitación del personal, modernización de la administración municipal y promoción del desarrollo económico local”, entre otros. La Federación deberá rendir informe sobre ingresos percibidos y erogaciones realizadas ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia. “El domicilio legal y la sede de la Federación Entrerriana de Municipios se establece en la ciudad de Villaguay, pudiendo funcionar en forma rotativa y periódica en cada lugar de la provincia donde decidan reunirse sus órganos de conducción y dirección”, establece el artículo 14 del proyecto presentado por el diputado Artusi.
Fundamentos:  En los fundamentos de la iniciativa que presentó, Artusi manifestó que el proyecto “reproduce, con ligeras modificaciones, el de nuestra autoría que fuera presentado en esta Cámara el 22 de abril de 2008 y que, lamentablemente, al no ser tratado, fue archivado el 11 de abril de 2013”. Los municipios tienen problemáticas similares e intereses que suelen ser coincidentes, lo cual constituye “una razón más que suficiente para abordar la experiencia de organizar un ámbito asociativo que permita a los municipios discutir sobre problemas e intereses comunes y encontrarles soluciones en conjunto”. Otro de los puntos que se destacan es que la Federación posibilitará el abordaje de “temáticas vinculadas a la relación con la Provincia, en particular en lo que hace a la asignación de recursos financieros y al gasto público en obras”. En otro de los párrafos del proyecto al que tuvo acceso esta Agencia se aclara: “Por cierto que sería una ingenuidad suponer que la sola aprobación de un texto normativo dará vida a la Federación Entrerriana de Municipios. Lo que se propone aquí es brindar un marco jurídico básico que sirva de herramienta a los gobiernos locales de nuestra provincia para encarar la conformación de una instancia que sirva a sus necesidades, lo que redundará en beneficios sus comunidades”. 
 Fuente: APFDigital

"La decisión de acusar es coherente y responsable"

Declaración del Bloque de Diputados Provinciales de Cambiemos: 
"El juicio político al vocal del STJ Carlos Chiara Díaz, cuya acusación fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados, es un hito relevante para la sociedad y las instituciones entrerrianas, porque se puso en marcha un mecanismo constitucional al que no estamos acostumbrados. 
Los informes que recibimos, la abundante y contundente documentación que comprueba las continuas irregularidades cometidas por el vocal suspendido, a lo largo de 74 páginas de análisis y merituación de las pruebas del dictamen de la Comisión de Juicio político que acompaña este comunicado, nos eximen de cualquier comentario adicional y avalan nuestra conducta y nuestro voto. Se inició así el proceso acusatorio para que, finalmente, sea la Cámara de Senadores quien juzgue. 
Hay ciudadanos que pueden no compartir el criterio seguido por los diputados del Bloque de Cambiemos. Es comprensible. La democracia moderna se basa en la representación del pueblo y en la toma de decisiones que, necesariamente, no van a ser del agrado de todos. Ahora bien, atribuir malicia o ineptitud a quienes no hacen lo que uno quiere es, sencillamente, no comprender en qué consiste la política democrática. 
Desde el Bloque de Cambiemos hemos mantenido una actitud seria y responsable, la cual no vamos a abandonar para caer en interesadas polémicas. Tampoco contestaremos agravios infundados. 
Ocurre que para cambiar no alcanza con tener coraje: hace falta trabajar. Lejos de las estridencias de quienes creen poseer la verdad, los diputados de Cambiemos trabajamos en el marco del rutinario funcionamiento de las instituciones. Quizás sea deslucido, pero la cultura democrática requiere de la normalidad, del diálogo. Todo eso es la buena política. 
La decisión de acusar no tiene como causa ningún acuerdo de impunidad, tampoco vamos a encubrir a nadie. Muy sencillamente, el Bloque de Diputados de Cambiemos ha obrado con coherencia: fuimos quienes pedimos abrir la investigación en el primer juicio político para Chiara Díaz, que llamativamente, el justicialismo rechazó sin ni siquiera analizarlo y tuvimos la misma actitud, fundada en un intenso debate interno, con el segundo juicio sobre el mismo magistrado.
Del mismo modo, pese a su manifiesta animadversión para con el Radicalismo, que tanto sufrió el gobierno de Montiel que lo tuvo como opositor desleal, pese a los tres procesos judiciales que tiene el magistrado y que no formaban parte de la denuncia, analizamos con responsabilidad todas las pruebas de juicio, y entendimos necesario apoyar la acusación. 
Quienes ahora descubren en el vocal acusado la salvaguarda de la ética republicana, debieran recordar que fue él quien encabezó, junto a la hoy presidente del Superior Tribunal, el desguace de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la condena judicial por un viático mal asignado al Dr. Rovira, vaya paradoja. 
Asimismo, nos presentamos ante el Procurador General para pedir que investigue la versión taquigráfica del descargo del magistrado ante la Comisión de Juicio Político, para que informe si sus denuncias representan delitos de otros jueces y funcionarios allí mencionados. Y actuaremos con la misma responsabilidad en el juicio político presentado a la Presidente del Tribunal, la Dra. Mizawak, pidiendo que se abra la investigación con la misma garantía del debido proceso que tuvo en este caso el Dr. Chiara Díaz. 
El Poder Judicial en particular y las instituciones públicas de la provincia en general, comienzan un proceso de mejora en su funcionamiento y de mayor transparencia en su accionar. En eso trabajamos. 
Por eso propusimos y logramos que se eliminen los gastos reservados para el STJ en el presupuesto 2017 y, ante denuncias serias pusimos en marcha los mecanismos constitucionales de investigación y juicio justo. El mes de marzo de este año presentamos un proyecto de ley para crear la Fiscalía Anticorrupción. Es ley nuestro proyecto para que los cargos de los organismos de control se designan por concurso, y el Presidente interino del Tribunal de Cuentas ya no responde al gobierno, porque logramos que sea un funcionario de carrera. Tiene media sanción la Ley de Ética Pública. Propusimos limitar los gastos reservados, el uso de los fueros, como el de vehículos oficiales. Por citar sólo algunos ejemplos. 
No vamos a actuar nunca a escondidas de la sociedad ni de sus instituciones. No vamos a encubrir a nadie. 
A integrantes de nuestro bloque no les ha temblado la mano para presentarse ante la Justicia ante hechos de corrupción, aún antes de ser legisladores, y lo haremos cada vez que lo estimemos necesario. 
Somos un bloque opositor y así lo hemos evidenciado en numerosos proyectos presentados y en nuestras expresiones públicas. La oposición la ejercemos de modo serio y responsable. Por eso no rehuimos el debate y el diálogo maduro en busca de acuerdos transparentes, en pos de construir una genuina cultura de la democracia pluralista que el kirchnerismo procuró destruir. 
Lo que pase en los poderes del Estado lo van a saber todos los ciudadanos de esta provincia. Hace ya un año que nuestra línea de conducta como bloque ha sido la misma: debate interno franco, investigación seria de los temas y toma de decisiones claras, transparentes y efectivas. No esperen otra cosa de nosotros".- 

Bloque de Diputados de Cambiemos: Sergio Kneeteman, Esteban Vittor, Ayelén Acosta, Martín Anguiano, José Antonio Artusi, Joaquín La Madrid, Gabriela Lena, Jorge Monge, Alberto Rotman, Fuad Sosa, María Alejandra Viola.

jueves, 20 de octubre de 2016

EL DIPUTADO ARTUSI PRESENTÓ UN PROYECTO DE LEY PARA LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO

El diputado provincial José Antonio Artusi (Cambiemos) presentó un proyecto de ley para promover la protección del patrimonio arquitectónico y urbanístico en la Provincia de Entre Ríos. En los fundamentos de la iniciativa el legislador radical considera que "la UNESCO declaró en 1977 que “Patrimonio Cultural es el conjunto de bienes muebles e inmuebles, materiales e inmateriales, de propiedad de particulares o de instituciones u organismos públicos o semipúblicos que tengan valor excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte, de la ciencia y de la cultura y por lo tanto sean dignos de ser considerados y conservados para la nación.” 
El patrimonio arquitectónico y urbanístico, objeto del presente proyecto de ley, constituye por lo tanto una manifestación particular, una clase específica de patrimonio cultural. Consideramos que los atributos y características propias derivadas de esta especificidad demandan un tratamiento diferenciado, y por lógica una normativa en ese mismo sentido. Es por ello que hemos optado por el criterio de diseñar una norma limitada al patrimonio arquitectónico y urbanístico, teniendo en cuenta como antecedentes, entre otros, la Ley 7.418 de la hermana provincia de Salta, la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal de Mexico, un proyecto de ley de la diputada provincial Silvia Augsburger (Santa Fe), y la normativa de la Municipalidad de Rosario, presente en varias ordenanzas referidas a este tema." Artusi señaló que "la norma que proponemos trata de llenar un vacío legal y de cumplir, al menos parcialmente, con la manda constitucional del Artículo 26. El decreto nº 6676 del año 2003, si bien evidenció una saludable voluntad política por parte del gobierno de Sergio Montiel, resulta a todas luces insuficiente para el logro de los objetivos propuestos. Ese interés de aquella administración queda de manifiesto también en el relevamiento e inventario del Patrimonio Histórico Arquitectónico encarado por la Secretaria de Gobierno y Cultura en los años 2000-2001. En los fundamentos del mencionado decreto se argumenta que “no existen los instrumentos legales que atiendan la valoración, protección, preservación y conservación, puesta en valor, difusión y divulgación del patrimonio histórico arquitectónico localizado en el territorio provincial”. También se señala en los considerandos que “son muy pocos los municipios que han tomado conciencia de la significación e importancia que tiene el patrimonio cultural en el desarrollo de los pueblos”, y que, en consecuencia, “son muy escasas las ordenanzas municipales que atienden a la preservación del patrimonio edificado en sus respectivos territorios”. Consideramos que – salvo excepciones que confirman la regla – estas aseveraciones continúan teniendo vigencia, y por ello se incluyó en el artículo 18º la necesaria articulación entre el gobierno provincial y los municipios en el marco de su autonomía. Cabe señalar que buena parte de las normas que pueden resultar útiles en el marco de un programa de protección del patrimonio arquitectónico caen dentro de las competencias municipales, tales como la fijación de indicadores urbanísticos. Es por ello que entendemos necesario que la Comisión asesores a los municipios en esta materia, de modo tal de ir logrando paulatinamente una armónica articulación entre las normas y las prácticas a nivel local y provincial. El artículo 240 de la Constitución Provincial establece que una de las competencias municipales consiste en ejercer el poder de policía respecto a planes edilicios, control de la construcción, diseño y estética urbana, etc. A su vez, establece taxativamente que le compete “preservar y defender el patrimonio histórico cultural, artístico y arquitectónico”." 
El proyecto del legislador radical propone la creación de la Agencia Provincial del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de la Provincia de Entre Ríos, "como Autoridad de Aplicación de esta Ley. Creemos conveniente no restringir el accionar del Poder Ejecutivo en este sentido, de modo tal que la Agencia actúe en el ámbito y bajo la dependencia que determine aquel, según el diseño del organigrama que se estime más adecuado. El mecanismo del concurso público de oposición y antecedentes ante un Jurado especializado en el tema para la designación del Director, a cargo de la Agencia, otorgaría la garantía de la idoneidad para un cargo que la requiere en grado sumo. Su mandato tendría una duración de seis (6) años, pudiendo ser designado nuevamente por el mismo procedimiento. La periodicidad del concurso, como en el ámbito universitario, actuaría como un acicate para el correcto desempeño de la función y para la actualización permanente. Proponemos a su vez que la Comisión tenga su sede central en la ciudad de Concepción del Uruguay, “Capital Histórica de la Provincia de Entre Ríos”, pudiendo tener oficinas y delegaciones en otras ciudades de la Provincia, como modo de reforzar aquella declaración y en reconocimiento al rico patrimonio arquitectónico que ostenta, como puede apreciarse claramente en el listado que figura en el Anexo del Decreto 6676/03. Se propone la creación del Fondo del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico, y su separación de los gastos corrientes que demande el funcionamiento cotidiano de la Agencia. De esta forma se podría disponer de recursos con afectación específica para financiar obras de preservación y recuperación patrimonial." El texto completo del proyecto puede consultarse en el siguiente enlace: http://hcder.gov.ar/consultasExpedientes_Ver.php?exp=21585

sábado, 15 de octubre de 2016

LEGISLADORES ENTRERRIANOS DE CAMBIEMOS SE REUNIERON CON FRIGERIO



 
Diputados y senadores provinciales de Cambiemos se reunieron el día Jueves 13 en la ciudad de Buenos Aires con el Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio. 
El encuentro, que tuvo lugar en el Salón de los Escudos de la Casa Rosada, contó también con la presencia del senador nacional Alfredo De Angeli, la diputada nacional Yanina Gayol, el diputado nacional e interventor del PRO de Entre Ríos Marcelo Sorgente, el Jefe de Gabinete del Ministerio de Agroindustria, Guillermo Bernaudo, el Director de Recursos Hídricos de la Nación Osvaldo Fernández, y el Presidente de la Delegación Argentina en la Comisión Administradora del río Uruguay, Mauro Vazón. Durante la reunión se analizaron diversos temas vinculados a la marcha del gobierno nacional y provincial, coincidiendo en la necesidad de consolidar Cambiemos como expresión política y electoral en Entre Ríos. El endeudamiento y la crisis fiscal de la provincia - como producto de gestiones desacertadas de los gobiernos anteriores, del mismo signo político del gobierno de Bordet - la necesidad de impulsar políticas públicas que promuevan la inversión, el desarrollo productivo y la generación de empleo, la articulación con la demandas de municipios y juntas de gobierno, y la necesidad de resolver acuciantes problemas ambientales que fueron ignorados por las administraciones kirchneristas fueron algunos de los temas tratados. Se analizó específicamente el altísimo potencial de desarrollo foresto industrial que tiene la provincia de Entre Ríos, y en ese sentido se debatió en torno al proyecto de ley enviado por el Gobernador Gustavo Bordet a la Legislatura por el que se crearía un Plan Maderero Entrerriano y se derogaría la Ley 9759, conocida como la Ley de la Madera. Los legisladores provinciales de Cambiemos informaron que se encuentran redactando un proyecto propio sobre esta cuestión, dirigido a brindar aportes y sugerencias que enriquezcan el debate en ambas Cámaras. El desarrollo productivo y el cuidado del ambiente no deben ser objetivos disociados sino concurrentes, destacaron los representantes de Cambiemos; y es así que se valoró el aporte que puede hacer la forestación, por su gran capacidad de captura de carbono, al logro del cumplimiento de las metas que el país asumió en el marco de la Cumbre de Kioto sobre Cambio Climático. Además, se señaló la necesidad de que el desarrollo foresto industrial esté basado en la producción de bienes de creciente valor agregado e incorporación de tecnología y conocimiento. En esta línea de pensamiento se inscribe un proyecto presentado recientemente por diputados de Cambiemos para crear un Programa Provincial de Construcciones en Madera, fundamentalmente en el sector de viviendas sociales. Otra de las cuestiones analizadas fue el gravísimo deterioro ambiental en la cuenca del río Uruguay, poniéndose de relieve la iniciativa del gobierno nacional, en línea con lo prometido por Cambiemos durante la campaña electoral, de impulsar la construcción de plantas de tratamiento de líquidos cloacales en las principales ciudades ribereñas. Estas plantas, fundamentales para avanzar en un plan integral de monitoreo y saneamiento del río Uruguay, requerirán a su vez acciones similares por parte de la República Oriental del Uruguay. Cabe señalar que algunas de ellas, como la de Concepción del Uruguay, cuentan con proyectos que datan de la década del 80; sin embargo las últimas administraciones no priorizaron este tipo de obras, demostrándose de esta manera la hipocresía y la impostura que caracterizaron a los gobiernos de Busti y Urribarri en materia ambiental.-

El radicalismo uruguayense organizó un acto en homenaje a Yrigoyen a 100 años de su primera presidencia







El pasado día 12 de Octubre se realizó un acto de homenaje a Hipólito Yrigoyen, al cumplirse el centenario de la asunción de su primera presidencia de la República. Un numeroso grupo de afiliados y simpatizantes del centenario partido y de fuerzas integrantes de Cambiemos se congregó en torno al busto que perpetúa la memoria del prócer, donde fue colocada una ofrenda floral. Posteriormente hicieron uso de la palabra la Presidente electa del Comité Provincial de la Juventud Radical, Emilia Giménez, el Presidente del Comité de Municipio, Ernesto Bulay, Julio Tomás Aguirre, integrante de la Comisión Permanente de Homenaje a Yrigoyen, y el Presidente del Comité Departamental de la UCR de Uruguay, José Antonio Artusi. En la oportunidad se anunció que se procurará instalar, en la misma plazoleta, un monumento similar que recuerde a Arturo Umberto Illia. Durante su alocución, el diputado Artusi manifestó que le gustaría que posteriormente también se incluya un busto de Marcelo de Alvear, "otro gran presidente radical con el que hemos sido a veces un poco injustos".-

viernes, 7 de octubre de 2016

Homenaje a Hipólito Yrigoyen a 100 años de su 1ª presidencia

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La Unión Cívica Radical convoca a un Acto de Homenaje a Hipólito Yrigoyen con motivo de conmemorarse el Centenario de la asunción de su primera presidencia. 
El acto tendrá lugar frente al busto que perpetúa su memoria, en la plazoleta ubicada en Boulevard Yrigoyen entre 25 de Mayo y Urquiza, el próximo día Miercoles 12 de Octubre a las 18.30 horas. 
Se convoca por este medio a todos los afiliados y simpatizantes de la Unión Cívica Radical y a la ciudadanía en general a participar activamente en esta celebración yrigoyenista.-

miércoles, 21 de septiembre de 2016

LA REFORMA POLITICA EN ENTRE RIOS DEBE SER MUCHO MAS QUE UN MERO CAMBIO EN EL METODO DE VOTACIÓN


Por José Antonio Artusi 
Concurrí ayer a la jornada que realizó el Foro de la Reforma Electoral en Concepción del Uruguay, que contó con una muy buena disertación del Dr. Marcelo Bermalén y que luego permitió un rico debate coordinado por funcionarios del Tribunal Electoral. Comparto aquí, ampliadas, algunas de las reflexiones que formulé en esa oportunidad. 
En primer lugar, cabe saludar la iniciativa de desarrollar estos foros de discusión como método participativo de recibir inquietudes y puntos de vista que puedan enriquecer un proyecto del Poder Ejecutivo a enviar a la Legislatura. Los aportes de expertos con experiencia y trayectoria como el del Dr. Bermalén son muy útiles, porque generan un cúmulo de información y formación previas al debate, contribuyendo así a alejarlo de la "charla de café" o la catarsis colectiva que no acierta a diagnosticar las causas de los problemas ni mucho menos a proponer alternativas reparadoras con un mínimo rigor. 
Digamos que una verdadera reforma política, acorde a las necesidades que tenemos de consolidar y perfeccionar la democracia representativa, dista mucho de ser sólo una mera modificación en el método de votación, como si la cuestión se limitara a optar entre la boleta única en papel o la boleta única electrónica, como parece desprenderse de cierto impacto de la cuestión en los medios de comunicación. Cuando decimos "reforma política" pretendemos abarcar la reforma del sistema electoral, obviamente, pero a su vez vincularla con el régimen de partidos políticos - incluída su financiación - y otras cuestiones tales como el derecho al acceso a la información pública, la política de medios, la pauta publicitaria oficial, y la eliminación de prácticas clientelares con recursos del Estado. Y hasta podríamos decir que una reforma política que modifique en profundidad nuestras prácticas democráticas no puede escindirse de otras reformas, tales como la lucha contra la pobreza, la garantía de un ingreso mínimo indispensable para la subsistencia consagrado en el artículo 24 de la Constitución (pero no aplicado), la mejora del sistema educativo, la construcción de un modelo de seguridad social para el siglo XXI, etc.. Todo ello en la medida en que la pobreza y la marginación social extremas son incompatibles con una democracia social en la que todos tengamos los mismos derechos y las mismas posibilidades de participar en la cosa pública. 
Pero comencemos entonces, para no abarcar demasiado, con el régimen de partidos políticos. El artículo 29 de la Constitución, pendiente de reglamentación, establece claramente su carácter de "instituciones fundamentales del sistema democrático" a la vez que les otorga el monopolio de la postulación de candidatos para cargos públicos electivos. Consagra a su vez principios que deben regir su funcionamiento: democracia interna, representación proporcional de las minorías, financiamiento público, capacitación de sus afiliados, etc.. Una cuestión clave a definir, que condiciona otras como el método de votación, es si se mantiene el sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (obligatoriedad que puede referirse tanto a los ciudadanos como a los partidos, aún en caso de presentación de listas únicas), o si se retorna al antiguo sistema de elecciones internas convocadas por los propios partidos, alternativa que a su vez admite la modalidad cerrada (reservada sólo a afiliados) o bien abierta (donde pueden participar los afiliados más los ciudadanos independientes, vale decir no afiliados a ningún partido). Como suele suceder en estos casos, cada alternativa tiene ventajas y desventajas, que deben sopesarse cuidadosamente. Las PASO otorgan mayor posibilidad de participación a los ciudadanos en general, a la vez que relativizan el rol de los afiliados, por lo que han sido criticadas por debilitar el sistema de partidos. Por otro lado, al ser un proceso con participación y controles del Tribunal Electoral otorga a todos los participantes mayores garantías frente a la posible manipulación de eventuales oligarquías partidarias. En el proyecto de ley que presentamos los diputados del bloque de la UCR en el año 2010 (autoría del diputado Marcelo López) optamos por proponer en ese momento la derogación de la ley de primarias, pero es una cuestión que admite una evaluación a la luz de los resultados de los últimos procesos electorales. La crisis de los partidos políticos y del sistema que conforman es una cuestión compleja y multicausal, y pecaríamos de simplistas si se la adjudicamos en exclusividad a la implantación de las PASO. 
Otro aspecto crucial a definir gira en torno a la simultaneidad o separación de las elecciones provinciales frente a las nacionales. En el proyecto mencionado proponíamos fijar una fecha en la ley para las elecciones provinciales, en este caso el último Domingo de Septiembre, con lo que de hecho planteábamos la separación con respecto a las nacionales. La fijación por ley de la fecha del comicio quita la posibilidad de que el Poder Ejecutivo de turno especule en torno a sus propias conveniencias a la hora de determinarla; y la separación permite seguramente una mayor reflexión específica en relación a cada categoría de cargos por parte del ciudadano, disminuyendo así el efecto "arrastre". La simultaneidad genera menor cantidad de convocatorias y menores gastos, pero no parecen ser argumentos suficientes si de lo que se trata es de jerarquizar la democracia. Parece conveniente adentrarse en el análisis de la cuestión del método de votación sólo después de haber dilucidado las anteriores disyuntivas, las que podríamos plantear, sintetizando, como "primarias vs. internas" y "simultáneas vs. separadas", o al menos analizarlas de manera conjunta. Ello permitirá, facilitando el proceso de toma de decisiones, que algunas opciones se descarten de manera casi automática. Por ejemplo, si nos inclinamos por el sistema de elecciones PASO, y optamos a su vez por que se efectúen de manera simultánea con las nacionales (para citar un caso, como el año pasado), queda claro que no estaremos en condiciones de adoptar el sistema de boleta única en papel como el que tiene la provincia de Córdoba, en el que la totalidad de la oferta electoral está presente en un mismo trozo de papel. 
Yendo a los métodos de votación, y antes de abogar de manera terminante por una alternativa, digamos sin embargo algo que quedó absolutamente de manifiesto el año pasado: la boleta partidaria no va más. El proceso de diseño, impresión, distribución, disposición en el cuarto oscuro, control durante el comicio, escrutinio provisorio y escrutinio final fue un verdadero caos, quizás inédito o al menos pocas veces visto en la historia electoral, con todo lo que ello conlleva en términos de riesgo de distorsión de la voluntad popular. Genera, además, un derroche de papel absolutamente desaconsejado en términos económicos y ambientales. Descartado este sistema, que cumplió razonablemente un ciclo y aportó lo que tenía para dar, corresponde decidir con cual lo reemplazamos. Las alternativas que tenemos no son demasiadas, yo diría que básicamente 3: la boleta única en papel, la boleta única electrónica, y el voto electrónico o urna electrónica. Si dejamos de lado esta última opción, dados sus riesgos y la falta de garantías que todavía presenta, nos quedan dos, pero si consideramos que la boleta única en papel puede tener dos variantes volveríamos a tener tres; boleta única en papel para todos los cargos electivos (como en Córdoba), boleta única en papel para cada categoría de cargos (como en Santa Fe), o boleta única electrónica (como en la ciudad de Buenos Aires). En nuestro proyecto del año 2010 nos inclinábamos por la boleta única en papel que reúne la totalidad de la oferta electoral, al modo cordobés. Esta opción tiene la ventaja de la simplicidad, una única "boleta única", valga la redundancia, y una única urna, frente a cierta complejidad del modelo santafesino, con varias "boletas únicas", y varias urnas, por cada nivel o categoría de cargos. La boleta única electrónica, adoptada por la Ciudad de Buenos Aires, en principio con buenos resultados, admite sin embargo ciertas críticas que han sido formuladas en el debate de la reforma nacional, referidas por ejemplo a la posibilidad de identificar el voto con aplicaciones tecnológicas en los celulares, alimentando con ella la posibilidad de prácticas clientelares. Este sistema puede evaluarse en la medida en que estas críticas y precauciones sean lo suficientemente refutadas de manera contundente por la tecnología a aplicar y aceptadas en consecuencia por todos los partidos. De todos modos, la legislación porteña tuvo el mérito de incorporar en principio la boleta única, dejando abierta la posibilidad de acompañarla con dispositivos tecnológicos electrónicos. 
Lo que debe quedar absolutamente claro es que la reforma política que necesitamos los entrerrianos demanda un debate profundo, abierto a la participación de todos, sin apuros ni imposiciones de ninguna naturaleza, y requiere para su éxito el logro de acuerdos amplios que la legitimen. Comprometemos nuestra voluntad política de trabajar arduamente en pos de esos acuerdos.- 

José Antonio Artusi es diputado provincial del bloque Cambiemos y preside el Comité Departamental de la Unión Cívica Radical de Uruguay.-

lunes, 6 de junio de 2016

Silencios que retumban



Por Ricardo Lafferriere / Deseando equivocarnos, no hemos escuchado a Carta Abierta, ni a Hebe, ni a Estela, ni a los verborrágicos artistas "nac & pop", ni a los periodistas militantes, ni a los gremialistas "combativos", ni a los dirigentes políticos y legislativos del kirchnerismo, y ¡vamos! ni a la propia neokirchnerista Beatriz Sarlo hacer referencia a la vergonzosa declaración de Moreno banalizando uno de los mecanismos más tenebrosos de la dictadura para hacer desaparecer personas, como lo fue arrojarlos vivos al mar. No es un tema que pueda dejarse pasar alegremente, porque no es cualquier persona. Uno de los dirigentes más emblemáticos de la administración peronista anterior, que no sólo hacía gala de su babosa subordinación a "la jefa" kirchnerista sino que reivindicó permanentemente su identidad justicialista, más aún que del grupo interno del peronismo al que perteneció la anterior Jefa del Estado. No es sólo, entonces, sólo del kirchnerismo que la sociedad espera pronunciamientos. También del peronismo, que sin dudas tiene en su seno miles de dirigentes a los que ese pronunciamiento les debe haber producido una reacción vomitiva. Deberían hacerlo, por su bien y por el bien de la democracia argentina, mucho más teniendo en cuenta la cantidad de compañeros de su fuerza política que sufrieron esta miserable operatoria criminal de tiempos procesistas. Esta nota será corta, porque el tema no admite elucubraciones. Linda con la capacidad de tolerancia ética de la condición humana. Con quienes así piensan no es posible dialogar porque implica reducir el propio autorespeto. No sólo de quien opine, sino de aquellos que abran canales de comunicación que permiten multiplicar su llegada. Es asqueroso escucharlo. Tanto como el retumbante y despreciable silencio de quienes, ante este juicio miserable, deberían no sólo hablar sino condenarlo sin matiz alguno. 

jueves, 17 de diciembre de 2015

Los desafíos del gobierno nacional

Por José Antonio Artusi * 
El Presidente Macri, su gobierno, y la coalición Cambiemos tienen por delante un enorme desafío: nada más y nada menos que cerrar definitivamente el ciclo populista, consolidar a futuro la democracia republicana y sentar las bases para construir una democracia social moderna, una en la que se pueda decir, como Raúl Alfonsín, que es aquella en la “se come, se cura, y se educa”. 
La tarea no será fácil, estará atravesada por innumerables escollos y complejidades, suscitará conflictos y tendrá enfrente a quienes no quieren – porque no les conviene – que el gobierno logre salir adelante. Las primeras señales, de todos modos, son alentadoras e invitan al optimismo. Más por los desatinos de la Presidente Cristina Fernández que por otra cosa, cierto ejercicio de la normalidad que en otro país pasaría desapercibido pasó a ser por algunas horas motivo de asombro y cosechó elogios para la nueva administración: diálogo con líderes de la oposición, reunión con gobernadores, conferencias de prensa, etc.. En el mensaje ante la Asamblea Legislativa, el Presidente ratificó los ejes de su gestión: lucha contra la pobreza, combate frontal contra el narcotráfico, y unión nacional. Todo ello en el marco de un gobierno transparente, que haga realidad el acceso a la información pública, que respete la independencia del Poder Judicial y procure una reforma política acorde al siglo XXI. Pueden parecer frases hechas o promesas de campaña, pero está claro que son cuestiones centrales que resumen buena parte de las demandas más legítimas de la mayoría de la sociedad, y por lo tanto en los resultados concretos de las políticas públicas destinadas a hacerlos realidad se cifrará una porción considerable de las condiciones de gobernabilidad de los próximos años. 
El primer eje, el de la lucha contra la pobreza, no puede escindirse del escenario macroeconómico, marcado por una pesada herencia de déficit fiscal (mucho mayor que el previsto inicialmente), inflación, caída de reservas del Banco Central, atraso cambiario, crisis energética, falta de competitividad de nuestra producción, falta de inversión en infraestructura, economías regionales y provincias quebradas, etc.. No es menos pesada la herencia en el plano social, con 1 de cada 4 argentinos bajo la línea de la pobreza, y 4 de cada 10 chicos en tal situación, a pesar de las mentiras del INDEC y el gigantesco esfuerzo del aparato de propaganda por imponer las falacias de un relato impostor. Un primer paso, de importancia clave desde el punto de vista político, será mostrar claramente lo que Ricardo Lafferriere denomina “la estremecedora dimensión del desastre” (ver nota en Facebook). La eliminación de retenciones en maíz, trigo y economías regionales y la reducción en el caso de la soja puede actuar, además de mostrar que algunas promesas de campaña pueden cumplirse rápidamente mientras otras deberán necesariamente esperar que se den las condiciones adecuadas, como un poderoso incentivo a la dinamización y recuperación del sector agropecuario y las economías regionales. El costo fiscal de las medidas deberá balancearse con mayores ingresos por impuesto a las ganancias y otras herramientas impositivas. Otras medidas serán necesarias para proteger el poder adquisitivo del salario, tal como el aumento del mínimo no imponible en ganancias, y queda por ver de qué manera se concreta la anunciada universalización de las prestaciones sociales, en pos de garantizar derechos y eliminar mecanismos clientelares de dominación. La eficacia lograda en las estrategias que se implementen para concretar estos objetivos será fundamental en la obtención de “oxígeno” político, que todo gobierno necesita en sus primeros días, máxime en este caso en el que la administración saliente deja todo un arsenal de bombas listas para explotar, y cuya desactivación generará en muchos casos cierto costo político, como en el caso de la necesidad de reformular racionalmente ciertas tarifas de servicios públicos. 
En el prólogo al genial libro de Carlos Matus “Los tres cinturones del gobierno”, Luis Babino sostiene que “los 3 cinturones son los 3 balances de gobierno que conforman el balance global: el político, el económico y el de gestión cotidiana. Matus nos alerta a través de una imagen más que gráfica para los dirigentes: ¡nunca apriete los 3 cinturones a la vez!”. Los estrategas del gobierno harán bien en tener en cuenta esta advertencia. 
Los otros ejes, de naturaleza eminentemente política, también deberán fundarse en un claro balance del gobierno que se va. La corrupción generalizada como matriz de acumulación económica al servicio de la acumulación de poder político, el sometimiento de la Justicia, la crisis del federalismo y las autonomías municipales, el capitalismo prebendario y parasitario de amigos, la utilización de medios públicos al servicio de una campaña de propaganda fascistoide, la compra y domesticación de medios y periodistas a través de la pauta oficial, la inacción y en ocasiones hasta la complicidad frente a la penetración del narcotráfico y el crimen organizado, son todas cuestiones que deberán ser mostradas a la luz del día, y será necesario que la Justicia investigue y condene a los responsables de hechos de corrupción escandalosos que no deben quedar impunes. Como contracara de todo ello, deberán impulsarse cambios concretos y visibles que hagan que la ciudadanía sienta que efectivamente el “cambiamos” y el “sí, se pudo” valió la pena. Un gobierno transparente y abierto, tolerancia cero a la corrupción, una justicia independiente, medios públicos funcionando como tales y no como bastiones de propaganda sectaria, una reforma política que modernice nuestro sistema electoral, la recuperación del federalismo y de cierta cultura del diálogo político y la busca de acuerdos pueden ser mojones que vayan construyendo ese camino en pos de la unión nacional, que lejos de ser una frase hueca es un requisito indispensable de la convivencia civilizada en un Estado de derecho al amparo de la Constitución Nacional. 
Una imagen que valdrá más que mil palabras acerca del logro de estos grandes desafíos será la del 10 de Diciembre de 2019. El Presidente Macri entregando el mando a otro presidente constitucional, o acaso a sí mismo tras su reelección. Es una escena que no se repite desde 1928, cuando Marcelo de Alvear entregó los atributos presidenciales a Hipólito Yrigoyen. Luego de la irrupción del peronismo, nunca un presidente constitucional no peronista logró terminar su mandato. Esa imagen será el símbolo del triunfo de la democracia republicana, la única en la que será posible la democracia social, y el ocaso definitivo del autoritarismo populista que tanto daño ha hecho. Los desafíos son enormes, pero vale la pena el intento. Adelante…! 
* José Antonio Artusi es diputado provincial del bloque Cambiemos

miércoles, 25 de noviembre de 2015

UNA REACCION TARDIA Y UNA PESADA HERENCIA

Por José Antonio Artusi 
El 28 de Mayo de 2008 diputados provinciales del bloque de la UCR presentamos un proyecto de ley, por el que proponíamos "instruir al Poder Ejecutivo Provincial a promover y tramitar una demanda de la Provincia de Entre Ríos en contra del Estado Nacional, cuyo objeto será que se condene a la Nación abonar a la Provincia las sumas que correspondan por concepto de coparticipación tributaria federal, que resulten suficientes para compensar las pérdidas sufridas por la Provincia por el ejercicio inconstitucional, arbitrario y abusivo que llevó a cabo la Nación de sus facultades en materia fiscal." (Expediente 16670). El artículo 3º del proyecto establecía "instruir al Poder Ejecutivo Provincial a otorgar al Sr. Fiscal de Estado la intervención que constitucionalmente le corresponde." 
En los fundamentos de la iniciativa sosteníamos que "la Nación ha venido ejerciendo sus facultades en materia impositiva de un modo absolutamente abusivo y reñido con el sistema republicano y federal establecido en nuestra Constitución. Este ejercicio abusivo, además, ha tenido como efectos provocar distorsiones en la economía, desalentar la producción, empobrecer a las provincias, borrar el federalismo, favorecer el uso arbitrario de ingentes recursos fiscales, condicionar a las autoridades provinciales y –en lo que aquí interesa- privar a las Provincias de los recursos que por el régimen de coparticipación federal de impuestos les corresponden". 
En medio del "conflicto del campo" que se desató a partir de la recordada Resolución 125 recorrimos la provincia mostrando las razones que nos habían llevado a presentar el proyecto y mostramos las consecuencias de la crisis del federalismo fiscal, que resumíamos en la consigna "un país rico con provincias pobres". 
Lamentablemente, no encontramos eco en el bloque oficialista, y el gobernador Urribarri prefirió utilizar insistentemente la falacia absurda del "federalismo de los recursos" para intentar ocultar la realidad, la de una provincia sometida de manera indigna a los designios de la Casa Rosada, endeudada con la Nación pero como producto de una indebida retención de recursos que les correspondían no a un gobierno sino a todos los entrerrianos. Detallábamos en nuestro proyecto las maneras en las que se concretaba esa pérdida de recursos: la subejecución de los ATN, las comisiones de la AFIP, el 15% de la masa coparticipable bruta destinado a la ANSES, la inconstitucionalidad del impuesto al cheque, las retenciones a las exportaciones y la garantía del piso del 34% de la recaudación fiscal para las provincias. Específicamente en relación a la ANSES, sosteníamos en ese momento que "no toda la recaudación de los impuestos coparticipables se reparte entre la Nación y las Provincias. Existen mecanismos de precoparticipación o de asignación específica de impuestos que destinan parte de la recaudación de estos impuestos al ANSES. En la actualidad tenemos: 10,3% de la recaudación de IVA, $ 120 millones anuales de la recaudación de Ganancias, 20% de la recaudación de Ganancias, de la recaudación de Monotributo, 21% de la recaudación del impuesto a los combustibles, y el 15% de la masa coparticipable bruta. Como consecuencia de estas asignaciones, las Provincias dejarán de percibir en 2008 la suma casi $ 23.000 millones (como “contrapartida”, el ANSES se ha hecho cargo del déficit de $1.200 M anuales de las ex cajas provisionales provinciales transferidas y financia $1.500 millones de las no transferidas). Buena parte de estas asignaciones se decidieron con el objetivo de financiar los déficit financieros que mostraba el ANSES como consecuencia de la reforma previsional de 1994. Sin embargo, para el año 2008, la ANSES tiene previsto obtener un superávit del orden de los $ 7.100 millones. Más aún, la reciente reforma previsional da marcha atrás con algunos puntos de la reforma anterior. Incluso, el ANSES incrementó sus ingresos (por los traspasos y por los indecisos) y reciba de las AFJP más de $ 7.000 millones por los fondos acumulados de los afiliados mayores (con menos de $ 20.000 en sus cuentas de capitalización)." Con respecto a la AFIP, argumentábamos que "el monto de recursos involucrados en este concepto también es muy significativo: las Provincias le “pagan” a la AFIP $ 2.500 millones anuales en lugar de $ 1.300 millones (equivalente al 1,9% de los recursos de origen nacional que son transferidos a las Provincias). De este modo, en forma absolutamente arbitraria y abusiva la Nación priva a las Provincias de unos $ 1.200 millones adicionales por año." 
En sendos recientes fallos, la Suprema Corte de Justicia nos ha dado la razón. No porque la Provincia de Entre Ríos haya iniciado ninguna causa, sino en juicios iniciados por provincias hermanas: Santa Fé, Córdoba y San Luis. En efecto, este martes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró, con el voto de los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, que es inconstitucional la deducción del 15% de la masa de impuestos coparticipables que realiza el Estado Nacional, sin el acuerdo de las provincias, para financiar a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La consecuencia de la decisión resulta ser que el Estado Nacional deberá: (1) cesar en forma inmediata de detraer esos fondos bajo apercibimiento de ordenar al presidente del Banco Nación que cumpla con la orden en el plazo de diez días; (2) devolver a las provincias la suma retenida indebidamente desde el 1° de enero de 2006 más los intereses que correspondan. A fin de hacer efectiva esta condena, la Corte Suprema fijó un plazo de 120 días para que las partes acuerden la forma y plazos en que el Estado Nacional reintegrará las sumas debidas a las provincias, con la advertencia de que, en caso de incumplimiento, la determinará el Tribunal en la etapa de ejecución de sentencia. Y en otro fallo declaró, con el voto de los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, la inconstitucionalidad de los arts. 1°, inciso a), y 4° del decreto 1.399/01 del Poder Ejecutivo Nacional, que establecen una deducción de recursos coparticipables equivalente (en la actualidad) al 1,90% de la recaudación neta total de los tributos y de los recursos aduaneros cuya recaudación se encuentra a cargo de la AFIP. 
Las reacciones de algunos funcionarios provinciales no se han hecho esperar. Análisis Digital informa que "el fiscal de Estado provincial, Julio Rodríguez Signes, adelantó que estima que "el resto de las provincias ahora pedirán al Ejecutivo Nacional que se realice un acuerdo, ya que el fallo de la Corte Suprema por la coparticipación tiene efecto sólo para los distritos que hicieron el planteo", aclaró. "Creo que el procedimiento que seguirán los gobernadores será en el de buscar que este fallo se haga extensivo a las demás provincias, pero a eso hay que expresarlo a través de un acuerdo con la Nación", detalló. Opinó, luego el funcionario, que "este fallo es el más importante de la historia desde el punto de vista de la repercusión económica". Informe Digital señala que "el fallo de la Corte abre la puerta para que todas las provincias que durante el kirchnerismo no reclamaron la coparticipación, puedan hacerlo durante el gobierno de Mauricio Macri. Casaretto señaló que ya mantuvo comunicación con Sergio Urribarri y el gobernador electo Gustavo Bordet, para analizar el fallo y lo que significaría para Entre Ríos si se reclama a Nación la devolución del 15%. Y es que el presupuesto 2016, aprobado antes del balotaje por el Senado entrerriano, prevé un déficit de 1.035 millones. “Esto cambiaría la matriz de financiamiento de la Provincia. El gobernador es el que tiene que evaluar la acción a seguir. Después va a evaluar el destino de los recursos”, completó Casaretto. El tema ya llegó a la Fiscalía de Estado, a cargo de Rodríguez Signes, quien lleva adelante la acción pública en representación del Estado provincial."
O sea, perdieron lastimosamente más de 7 años y ahora se acuerdan, tardíamente y sin mediar ningún tipo de autocrítica por su obsecuencia, de que lo que proponíamos no era tan disparatado y podría revertir el déficit fiscal de la provincia. Se ha generado a lo largo de casi una década una voluminosa deuda, producto del manejo irresponsable, centralista e inconstitucional de los recursos públicos por parte de la gestión presidida por Cristina Fernández de Kirchner, que tuvo en Entre Ríos una actitud de genuflexión y sumisión por parte de nuestro gobierno provincial. Ahora, la administración del Presidente Macri deberá hacerse cargo de una pesada herencia. Lo advertimos en su momento, y teníamos razón. 
Es de esperar que la ciudadanía esté alerta e informada, y otorgue las responsabilidades políticas de las consecuencias negativas de todos estos desmanejos a quienes verdaderamente les corresponden, a quienes destruyeron el federalismo, a los que abandonarán sus cargos el próximo 10 de Diciembre. Y si como consecuencias de estos fallos se recomponen las finanzas públicas provinciales, sepa el pueblo que no será mérito de ellos, sino de la acción de provincias hermanas, del futuro gobierno nacional y del acertado - aunque tardío - pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia, en línea con lo que sosteníamos en 2008.-
Foto: http://www.lawebdeparana.com/noticia/42918-acto-de-cristina-urribarri-pidio-que-los-carteles-no-obstruyan-el-contacto-de-la-presidente-con-la-gente-.html  

jueves, 19 de noviembre de 2015

Los concejales de Cambiemos y Unión Popular formarán un interbloque en Concepción del Uruguay

 
Se realizó en Concepción del Uruguay una reunión en la que se rubricó un compromiso de trabajo conjunto por parte de los concejales electos de Cambiemos y de Unión Popular. 
El texto del documento suscripto en la oportunidad es el siguiente: 
"Los abajo firmantes, concejales electos de Cambiemos y de Unión Popular para ejercer su mandato en el gobierno municipal de Concepción del Uruguay, manifestamos públicamente: 
- La voluntad de articular la labor de nuestros bloques legislativos en el Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay, a través de la conformación de un interbloque que se consolide como alternativa, en pos de lograr un ámbito deliberativo que controle con transparencia, acceso a la información pública y participación ciudadana la gestión del gobierno municipal y genere propuestas en respuesta a las legítimas demandas de nuestra comunidad. 
- Hacemos una exhortación al Sr. Presidente Municipal y a los Sres. Concejales en ejercicio en el sentido de abstenerse de adoptar en la transición, hasta la asunción del nuevo gobierno, todo tipo de decisiones o medidas que pudieran afectar el patrimonio de los uruguayenses." 
Firmaron la declaración, por Cambiemos, José Luis Gurne,  Karina Percara, Andrea Hassen y Carlos Dutra; y por Unión Popular,  Sergio Daniel Cucurullo y Paola Gisela Delese. 
Acompañaron a los concejales diversos dirigentes de Cambiemos de Concepción del Uruguay, entre ellos, Héctor Rodriguez, Francisco Larocca, Marta Cappeletti, Juan Ruiz Orrico, José Paolazzi, Felicitas Rodriguez, Roxana León, Mauro Vazón, Juan Carlos Lucio Godoy, José Antonio Artusi, Mario López y Jorge Satto.

lunes, 16 de noviembre de 2015

Caravana del Cambio en Concepción del Uruguay - MACRI PRESIDENTE



El Jueves 19 de Noviembre Cambiemos de Concepción del Uruguay realizará una caravana a modo de cierre de campaña para exteriorizar su apoyo a la candidatura presidencial de Mauricio Macri de cara al balotaje del 22. La convocatoria prevé la concentración en el Monumento a Urquiza a partir de las 18.00 horas, para luego recorrer diversos sectores de la ciudad y culminar con un festejo en la Defensa Sur. Se solicita a los participantes concurrir con banderas argentinas. Se convoca por este medio a todos los militantes y simpatizantes de Cambiemos a manifestarse en esta caravana para exteriozar un contundente apoyo de la ciudadanía uruguayense a MACRI PRESIDENTE.     

Se realizó en Basavilbaso una jornada del Foro de Cambiemos del Departamento Uruguay

Se realizó este Sábado 14 en Basavilbaso una jornada que nucleó a intendentes, concejales y vocales de juntas de gobierno electos de Cambiemos del Departamento Uruguay, así como a ex candidatos, dirigentes y militantes de los diversos partidos políticos y espacios que integran la coalición. La jornada tuvo por objetivo constituir un foro integrado por la totalidad de los representantes de Cambiemos en municipios y juntas de gobierno del departamento y comenzar un ciclo de capacitación técnica y formación política, que también estará dirigido a integrantes de los equipos de gobierno. A su vez, el encuentro formó parte de la campaña proselitista con miras a las elecciones del 22 de Noviembre, en la que Cambiemos impulsa una activa participación y compromiso en pos del triunfo de la fórmula Mauricio Macri - Gabriela Michetti. La bienvenida estuvo a cargo del Presidente del Comité "Roberto Fleitas" de la UCR, Jorge Pioli, y del presidente municipal electo de Basavilbaso, Gustavo Hein. 
Posteriormente, Mario López, quien fuera candidato a senador, y el diputado electo y Presidente del Comité Departamental de la UCR, José Antonio Artusi, hicieron uso de la palabra en la apertura del encuentro. Artusi opinó que es muy importante tener un “ámbito permanente que nuclee a los representantes de los gobierno locales”, “una herramienta que entendemos será muy útil, porque permitirá estar en contacto permanente para intercambiar experiencias y para acceder a instancias de capacitación”. En el tramo final de su alocución José Antonio Artusi pidió “no bajar la guardia”, “las expectativas son inmejorables” pero “no hay que descansar un segundo para que esta tendencia favorable se profundice y de la mano del esfuerzo de los militantes se garantice un triunfo contundente de Mauricio Macri. Está en claro lo que está en juego: de un lado la continuidad de este gobierno, corrupto y mentiroso, y del otro lado una amplia coalición de partidos políticos y ciudadanos independientes que tenemos por objetivo recuperar la República, y sentar las condiciones para que volvamos a trabajar por un país mejor que combata en serio la pobreza, el narcotráfico y que haga realidad la unión nacional”, enfatizó. 
Los módulos de capacitación contaron con las disertaciones del Dr. Mauro Vazón y el Dr. Luis María Haddad, quienes se refirieron al régimen municipal y de comunas, y del Cdor. Guillermo Vázquez, quien abordó la cuestión de las tasas municipales, la coparticipación de impuestos y el control presupuestario. Cerraron la jornada el Secretario del Comité Provincial de la UCR, Sergio Kneeteman y el Cdor. Juan Carlos Lucio Godoy, ex candidato a vicegobernador de Cambiemos.-