Por Susana Fiorito, Javier Auyero, Pablo Semán y Guillermo Almeyra / El anuncio del acuerdo del gobierno argentino con Repsol, por la expropiación del paquete accionario de YPF, quedó eclipsado por episodios de violencia social con epicentro en la ciudad de Córdoba, que amenazan extenderse por todo el país. Una huelga de la policía cordobesa (eufemísticamente llamada auto acuartelamiento) disparó una ola de saqueos y de violencia, que ya había mostrado un anticipo en algunas localidades del conurbano de Buenos Aires y de otras provincias. La medida de fuerza de la Policía de Córdoba se da en el marco de un descabezamiento de parte de la conducción de la fuerza, involucrada en el narcotráfico, pero también expresa el deterioro de los sueldos de los agentes frente a un proceso de alta inflación – no reconocido por el gobierno – y el hartazgo por el pago de gran parte del salario en “en negro” o contratos basura, que por décadas ha sido la modalidad tanto de los gobiernos nacional, provinciales y municipales en el trato con los funcionarios públicos (exceptuando por cierto los cargos políticos).
No hay comentarios:
Publicar un comentario