El dragado debe ser el primer paso para consolidar una verdadera Hidrovía del río Uruguay

Por José Antonio Artusi 

Durante más de una década el dragado y balizamiento del río Uruguay estuvo lejísimos de ser una prioridad para el gobierno nacional argentino, y eso hizo que el puerto de Concepción del Uruguay languideciera. A contrapelo de lo que pasaba del otro lado del río, donde aún sin contar con las obras de profundización del calado del canal navegable, la República Oriental del Uruguay puso en marcha una política de reactivación de los puertos de Fray Bentos y Paysandú, éste último a pesar de tener condiciones naturales más desfavorables que la terminal portuaria de la Histórica. 

La decisión de la administración del Presidente Macri de revertir esta situación y poner nuevamente al dragado del río en la agenda de las políticas públicas permitió que ambas delegaciones en la Comisión Administradora del río Uruguay se pusieran de acuerdo para llamar a una licitación internacional a los efectos de adjudicar la obra del dragado a 25 pies hasta Concepción del Uruguay, obra que acaba de finalizar y ya comienza a dar sus frutos. Cabe señalar que la obra de dragado debe complementarse adecuadamente con el respectivo balizado, para permitir la navegación segura las 24 horas. Estas acciones están en marcha por parte de organismos públicos de ambos países, y deben extremarse los recaudos para que se finalicen a la mayor brevedad posible.     

El puerto de Concepción del Uruguay se reactiva de la mano de la exportación de rollizos de pino con destino a China, estando abierta la posibilidad de buscar otros mercados como el de la India. Todo esto debe ser sólo el comienzo, pero queda claro, cómo lo dijimos siempre, que el dragado del río Uruguay es una inversión rentable desde todo punto de vista; económica, social y ambientalmente. 

La reactivación del transporte fluvial abarata el transporte y la logística, en un país como el nuestro en el que tenemos uno de los costos más altos de la región en este rubro. Según un estudio de la Universidad de Illinois, Estados Unidos, con un dólar de combustible se puede transportar una tonelada de carga a una distancia de 25 kilómetros en carretera, 107 kilómetros en ferrocarril y 536 kilómetros por vía fluvial, o sea más de 20 veces que en camión. Esto torna rentables economías regionales que de otra manera no podrían asumir los costos de los fletes. Por otro lado, la reactivación de la cadena logística y de transporte multimodal vinculada a la operatoria portuaria crea una gran cantidad de puestos de trabajo directos e indirectos. 

Desde el punto de vista ambiental, es sabido en todo el mundo que el transporte fluvial es el más seguro y el menos contaminante, contribuyendo de manera decisiva al ahorro energético, a la disminución de la demanda de combustibles y a la menor emisión de gases a la atmósfera. Un trabajo publicado por la Bolsa de Comercio de Rosario destaca que un HP mueve 150 Kg. en camión, 500 Kg. en ferrocarril, y 4.000 Kg. en una embarcación, más de 25 veces que en camión.     

Está claro que son muchas las asignaturas pendiente. Falta diversificar la oferta de exportación desde el puerto de Concepción del Uruguay; a la madera agregarle productos avícolas, arroz, citrus, etc. Mejorar la capacidad logística del puerto para permitir embarcar contenedores, aprovechando la línea de feeders entre Paysandú y Montevideo. Y en el mediano plazo aumentar la competitividad para agregar valor a la producción primaria y, por qué no, exportar productos que excedan el sector agroindustrial. Hay que generar una matriz intermodal integrada de transporte, alimentando el puerto uruguayense con barcazas y ferrocarril. Para eso se requieren inversiones en infraestructura ferroviaria y nuevos puertos barcaceros aguas arriba, como se identificara claramente en el Plan Estratégico Territorial de la provincia hace 10 años. Y más adelante terminar Salto Grande construyendo las esclusas y el canal de navegación, para extender la Hidrovía del Uruguay hasta Corrientes y Brasil, cumpliendo de esa manera con uno de los propósitos del sabio orden de prioridades del acuerdo argentino - uruguayo de 1946. 

La Hidrovía del río Uruguay, integrada a la del Paraná - Paraguay, puede y debe ser una herramienta estratégica al servicio del desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de todos los entrerrianos. Hagamos lo que hay que hacer para que sea una realidad...

#CambiemosEntreRíos

Ahora, el desarrollo... #CambiemosEntreRíos

Por José Antonio Artusi 

El año que viene los entrerrianos nos enfrentaremos a un dilema fundamental. O seguimos por la pendiente de mediocridad, estancamiento y falta de visión de futuro que han caracterizado a los gobiernos del Partido Justicialista desde 2003 y que nos han llevado a dilapidar sistemáticamente oportunidades de desarrollo o bien nos decidimos a encarar un camino de cambios y transformaciones que debe llevarnos al logro de la provincia pujante y progresista que podemos y debemos ser. 

Entre Ríos puede exhibir enormes recursos naturales, una población distribuida de manera equilibrada, una posición geográfica estratégica en medio del corredor bioceánico central, una sociedad civil llena de iniciativas solidarias, algunas empresas privadas que han logrado insertarse con éxito en mercados globales competitivos, universidades que forman jóvenes que a menudo deben abandonar la provincia en busca de mejores horizontes, y algunos municipios, sobre todo con gobiernos radicales y vecinalistas, que han encarado con éxito los desafíos del desarrollo local; pero a la vez la provincia en su conjunto no ha logrado encontrar una estrategia que le permita aprovechar adecuadamente su extraordinario potencial, y se muestra por el contrario como un territorio rezagado relativamente frente a provincias hermanas, sobre todo las de la Región Centro. 

Tenemos ríos caudalosos que podrían servir para brindar agua potable y saneamiento, generación de energía, posibilidades de navegación, riego y atractivos turísticos (sobre todo si terminamos Salto Grande, obra inconclusa que debe respetar el carácter de multipropósito que tuvo el proyecto que le dio origen). Miles de hectáreas que podrían incrementar drásticamente su capacidad productiva si se construyeran acueductos largamente demorados. Un enorme potencial de generación de energías renovables a través de la biomasa, el sol, y los cursos de agua, que podría ponerse en marcha para generar la matriz energética sostenible del futuro. Un territorio ideal para reconstruir la infraestructura ferroviaria y acercar la producción primaria a los puertos y a las fábricas. Dos hidrovías extraordinarias que deberían integrarse y potenciarse para lograr una red multimodal de transporte que baje costos, reduzca niveles de contaminación y mejore la seguridad. Todo este potencial no puede desplegarse porque tenemos desde hace décadas un Estado provincial ineficiente e inoperante, incapaz de brindar al sector privado las condiciones que todo Estado moderno debe garantizar, con una administración burocrática que absorbe recursos a través de una matriz tributaria llena de impuestos distorsivos y regresivos, que castigan la producción y el empleo y encarecen los bienes básicos. Un Estado que, por otro lado, no brinda adecuadamente a los entrerrianos los servicios que toda sociedad necesita para avanzar en el desarrollo humano, en materia de educación, salud, vivienda, y seguridad. 

Es hora de proponernos firmemente dejar atrás un pasado de frustraciones y desencuentros, y proponernos el ambicioso pero posible propósito de encarar el desafío del desarrollo. Es posible transformar a Entre Ríos en una tierra de oportunidades, que ofrezca a sus jóvenes posibilidades concretas de encontrar aquí un lugar donde puedan vivir una vida plena y explotar al máximo sus condiciones y talentos. 

Está absolutamente claro que ese desafío no puede llevarse adelante por parte de los mismos que vienen gobernando desde 2003 y son los principales responsables de este presente lleno de fracasos y asignaturas pendientes. Asignaturas pendientes que atraviesan el conjunto de las políticas públicas provinciales. En lo institucional, un Estado elefantiásico pero débil, que no ha podido o no ha querido implementar numerosos avances en materia de nuevos derechos e institutos que se incorporaron en la reforma constitucional para mejorar la calidad institucional y los controles en la administración pública y para generar canales de participación ciudadana, hace ya 10 años. En lo económico, un Estado que ahoga la producción con impuestos distorsivos y no genera las obras imprescindibles para mejorar la infraestructura que se necesita para mejorar la competitividad de nuestras empresas. En lo social, un Estado que brinda mal o a medias servicios básicos de educación, salud, y vivienda, y que hace que se agrande cada vez más la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen, llegando a ver con dolor cómo sectores de medios y altos ingresos abandonan la escuela pública de la que supimos enorgullecernos, ante una crisis que sólo parece agudizarse año tras año. Estamos muy lejos de tener un sistema educativo capaz de formar a nuestros jóvenes para desempeñarse con éxito en los empleos que serán demandados en el siglo XXI. Un Estado que se limita a pagar sueldos y que pretende exhibir como logros propios algunos avances más bien generados a partir de acciones puestas en marcha por parte del gobierno nacional, como la recuperación del federalismo fiscal y la financiación de numerosas obras de infraestructura, por parte de una administración federal que no discrimina a las provincias por el color político de sus gobernantes, como fue norma en la Argentina entre 2003 y 2015. 

Gobierna Entre Ríos desde 2003 un partido clientelar y asociado frecuentemente, como en el nivel nacional hasta 2015, a la cartelización en la obra pública, la privatización del juego y el uso discrecional de los recursos públicos, y que por ende no puede sino hacer del Estado un botín puesto al servicio de su propia permanencia en el poder. Convalidar su continuidad es legitimar el atraso y la decadencia. Es imperioso que volvamos a poner el Estado al servicio de todos los entrerrianos, convocándolos a construir juntos un futuro mejor. Ahí radica la verdadera contradicción fundamental en este momento; continuidad de un populismo mediocre que cristaliza las condiciones del subdesarrollo o un cambio republicano y genuinamente progresista que apunta a las grandes transformaciones que la hora demanda. 

En este contexto, la Unión Cívica Radical debe afrontar la enorme responsabilidad de protagonizar la conformación de una coalición de gobierno que represente a la mayoría de los entrerrianos para encarar ese camino de progreso que nos lleve a construir una Entre Ríos más democrática, próspera y equitativa. Cambiemos ha sido, hasta acá, una eficaz herramienta electoral y parlamentaria. Es preciso no desdeñar el inmenso valor que tuvo para evitar la continuidad de un proyecto político populista, corrupto y autoritario, y para brindar equilibrio y alternancia en el sistema institucional argentino, y para recuperar numerosos gobiernos locales en nuestra provincia. Pero a más de 3 años de la histórica Convención de Gualeguaychú resulta necesario reconocer que se necesita dotar a Cambiemos de nuevos atributos. Cambiemos debe transformarse en una verdadera coalición de gobierno, integrada por partidos políticos fortalecidos, que encuentran en la diversidad y en los acuerdos institucionalizados para resolver democráticamente diferencias de matices una fortaleza y no una debilidad. Cambiemos debe ofrecer a los entrerrianos una visión de futuro, un proyecto de desarrollo, una propuesta de crecimiento que se proponga reformar el Estado, dinamizar y modernizar la economía y brindar oportunidades para todos, alejada de las prácticas clientelares y meramente asistencialistas que han demostrado de manera rotunda su fracaso y sólo han logrado reproducir estructuralmente las condiciones de pobreza y marginación. 

Entre Ríos, baluarte de la independencia, cuna del federalismo y la organización nacional, pionera en la gestación de la educación pública y laica, protagonista de la inmigración, la colonización y el cooperativismo, no puede ni debe encarar el siglo XXI sin metas y objetivos claros y sin un plan estratégico de desarrollo que nos indique cómo lograrlos. No podemos resignarnos a perpetuar este presente de oportunidades perdidas y continuidad carente de transformaciones de fondo que nos ofrece el gobierno provincial, es necesario un cambio de rumbo, es menester poner un punto de inflexión que modifique tendencias y nos permita construir de manera democrática y participativa una sociedad más acorde a nuestras enormes potencialidades. 

Entre Ríos puede estar mucho mejor, pero para comenzar a hacerlo posible hay que diagnosticar con precisión las causas de nuestros fracasos. Es hora de cambiar, es hora de protagonizar el desarrollo sostenible que demanda el siglo XXI, para mejorar la calidad de vida de todos los entrerrianos. Para hacer de esta hermosa e histórica provincia, la Entre Ríos que Urquiza soñó. Cambiemos Entre Ríos...

Los municipios y comunas necesitan una ley de ordenamiento territorial

Esta mañana estuvimos reunidos con Uriel Brupbacher, intendente de Viale, y varios integrantes de su gabinete. Dialogamos acerca de las dificultades que tienen los municipios para planificar el desarrollo urbano de las ciudades, como consecuencia de la falta de una ley provincial de ordenamiento territorial, en el marco de una provincia que tiene un sistema institucional en el que conviven municipios, comunas, juntas de gobierno, y "zonas grises", no sujetas a la jurisdicción de ningún gobierno local. 

Vemos cotidianamente cómo se presentan problemas de todo tipo, derivados de cuestiones tales como industrias contaminantes junto a zonas residenciales, loteos sin adecuada regulación en áreas rurales o periurbanas, conflictos ambientales que se originan en la jurisdicción de un gobierno local y terminan impactando en otro, crecimiento caótico y carente de regulación de las manchas urbanas, tejidos cada vez menos densos y por ende más onerosos en cuanto a la cobertura de equipamiento y servicios básicos, especulación inmobiliaria y encarecimiento del suelo urbano, déficits habitacionales, conjuntos de vivienda social mal localizados, etc . 

Entre Ríos necesita imperiosamente una norma que regule y ordene los usos del suelo, para que municipios y comunas puedan llevar adelante planes que redunden en ciudades más justas, eficientes y sostenibles. Hemos presentado un proyecto de ley de ordenamiento territorial y recientemente el Poder Ejecutivo envió el suyo. Más allá de las diferencias, tiene muchos puntos en común y comparten objetivos y criterios, de modo tal que es una oportunidad ideal para generar un amplio debate participativo que permita lograr la mejor ley posible.

Luis Brandoni en Concepción del Uruguay

IMPOSTURAS ENERGÉTICAS

Por José Antonio Artusi / El bochornoso espectáculo que brindaron anoche los senadores nacionales peronistas seguramente reconoce muchos antecedentes, pero no será tan fácil encontrar alguno que lo equipare en cuanto a las dosis de cinismo y de hipocresía política que se vertieron allí. Senadores que en teoría representan a sus provincias votaron un proyecto de ley absolutamente irresponsable, que de haberse promulgado habría beneficiado a los sectores de mayor poder adquisitivo de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, en desmedro de la población más pobre de las demás provincias. 

Legisladores peronistas de provincias que tienen buena parte de su población sin gas natural y deben recurrir por lo tanto al gas envasado en garrafas votaron un proyecto de ley que habría demandado una enorme masa de subsidios para que los ricos de Puerto Madero o la Recoleta puedan seguir derrochando gas a precios irrisorios. 

Votaron un proyecto de ley que habría significado volver a instaurar el perverso esquema de atraso tarifario y subsidios económicos indiscriminados, que tuvieron la particularidad de beneficiar en mayor medida a los sectores más ricos de la sociedad, y a concentrarse en el área geográfica más desarrollada del territorio nacional. Subsidios que durante la era kirchnerista llegaron a significar un acumulado de 24 puntos del PBI, más de 150 mil millones de dólares, una cifra difícil de imaginar, un monto que habría sido suficiente para construir más de 3 millones de viviendas sociales. 

Cada 2 pesos de esos subsidios que iban al quintil de mayor poder adquisitivo de la sociedad, sólo 1 iba para el quintil de menor poder adquisitivo, y para los más vulnerables mucho menos, o nada. Y todos los pagábamos con cortes de gas y luz, desinversión en el sector energético, déficit fiscal y alta inflación, o sea el impuesto más regresivo, el que más sufren los sectores con ingresos fijos y de menores ingresos. 

En la Argentina nos hemos acostumbrado a todo, pero no deberíamos naturalizar que este dislate pueda llegar a ser defendido con el ropaje impostor de una pretendida epopeya nacional y popular. Si hay algo que el gobierno nacional y Cambiemos hizo mal fue no comunicar adecuadamente la verdadera magnitud de este problema ante la sociedad desde un inicio. Recurrir a la manera en que algunos periodistas lo hicieron en su momento puede ayudarnos: “Debe haber pocos casos en la historia que registren una situación como lo que sigue: los sectores más pobres de una sociedad se movilizan, militan y ensalzan a organizaciones sociales, ONGS o líderes políticos que pugnan por mantener decisiones de política de ingresos que favorecen a los ricos y perjudican a los pobres…” (Gustavo Bazzan, Clarín, 21/08/16) “El "ruidazo", la Marcha de las Velas y demás protestas de estos días en el distrito metropolitano son observadas con una mezcla de bronca y sorna por nuestros compatriotas provincianos, que siempre pagaron tarifas mucho más altas. El país unitario modelado por el kirchnerismo liberó de esa carga a los habitantes de la gran ciudad y de sus alrededores (algunos de ellos, con hábitats "africanizados" que ese mismo régimen empeoró con su desidia y corrupción). Condonó gastos por igual al que lo necesitaba como para el acomodado habitante de Barrio Norte o San Isidro. Y con el gas, peor aún: los más pobres pagaron mucho más por su garrafa que los que estaban conectados. Un disparate…”. Pablo Sirvén, La Nación, 22/04/18 

Decimos que la actitud de los senadores peronistas - y antes de los diputados que votaron este proyecto demagogico - es hipocrita porque es absolutamente evidente que solo perseguia el objetivo de desgastar al gobierno y hacerle pagar el supuesto costo politico de vetar una ley que todo el mundo sabia que debia ser vetada. Cabe preguntarse qué habrían hecho los gobernadores peronistas que se sumaron al festival populista si el Presidente Macri no vetaba la ley. Una ley que habría significado un altísimo costo fiscal para sus propias administraciones provinciales, en muchos casos desfinanciadas y endeudadas como Entre Ríos, para no decir "fundida". Seguramente habrían concurrido en procesión a la Casa Rosada para pedirle al Presidente que vete la ley. Pero no, sabían que el Presidente iba a hacer lo que había que hacer, y que la iba a vetar sin pérdida de tiempo, y por eso jugaron a las contradicciones o a esconderse. 

En ese sentido está claro que no coincidimos para nada con las recientes expresiones del ex Gobernador Sergio Urribarri sobre este tema, pero debemos al menos reconocer que se expresó, que dijo algo. Habría sido más interesante saber qué pensaba el Gobernador Bordet, con quien compartieron el proyecto político kirchnerista y urribarrista. Quizás haya que recordarle que firmó, junto a los demás gobernadores en abril del 2017 el Acuerdo Federal Energético, que establecía que las tarifas y precios tenían que reflejar los costos de su producción, transporte y distribución, permitiendo la inversión eficiente y la mejora de la calidad del servicio. El gobierno nacional ha puesto en marcha un esquema razonable y gradual de quita de subsidios indiscriminados a la oferta, que beneficiaban sobre todo a los ricos y promovían el derroche, y de subsidios focalizados a la demanda, dirigidos a los que menos tienen a través de la tarifa social, y a los que ahorran, a través del plan estímulo. Es oportuno recordar que - tal como señaló el senador Naidenoff - "en el 2010 quisimos avanzar con el proyecto de tarifa social para terminar con la injusticia de los subsidios indiscriminados. Estuvimos cerca de lograr dictamen, pero ningún senador del Frente Para la Victoria nos quiso acompañar." 

El record de imposturas estuvo en la sesión de ayer a cargo de la senadora por la Provincia de Buenos Aires que supo serlo de la Provincia de Santa Cruz. Que Cristina Fernández de Kirchner se atreva a pronunciar la sigla YPF sin ruborizarse es el colmo de la hipocresía y el cinismo político. Siendo Néstor Kirchner Gobernador de Santa Cruz y ella legisladora provincial militaron fervientemente por su privatización y extranjerización. El miembro informante en la Cámara de Diputados de esa nefasta ley fue su mano derecha Oscar Parrilli. Después hicieron todo lo que había que hacer desde el poder para que su amigo Eskenazi se quede con una parte de la empresa sin poner una moneda, y finalmente compraron caro la mitad de una YPF vaciada. Podríamos recordar también que cuando todos ellos eran menemistas privatizaron Gas del Estado con la inestimable colaboración de un diputrucho, y que sus gobernadores amigos entregaron los yacimientos de hidrocarburos más valiosos en dudosos procedimientos a empresas inglesas y norteamericanas. 

Frente a tanta irresponsabilidad y demagogia corresponde seguir apelando al debate racional y respetuoso, sobre la base de proyectos viables. En Entre Ríos, y en el caso específico de las tarifas eléctricas, lo hemos señalado hasta el cansancio y lo seguiremos haciendo, el principal problema no es el costo mayorista, que era imprescindible actualizar para detener el costosísimo festival de subsidios, sino el desmesurado costo de distribución de Enersa, que hace que los entrerrianos paguemos el doble o más la energía eléctrica que en provincias hermanas que sin embargo deben afrontar similares costos mayoristas. El que mejor, con más claridad lo ha graficado es el Dr. Darío Carrazza: Puede el envío salir más caro que la pizza? Por supuesto que no... Pero es lo que sucede en Entre Ríos. El envío (el costo de distribución que recarga Enersa) es más caro que la pizza (el costo de generación de la energía). Si Enersa aplicara el costo de distribución promedio de todas las provincias el monto final de las facturas podría reducirse alrededor del 25%. 

Necesitamos que estos problemas se discutan en una deliberación pública seria y elevada, con datos fehacientes y propuestas concretas, y sin chicanas ni slogans vacíos, que son hasta ahora la única respuesta que han tenido nuestros planteos.- 

José Antonio Artusi es diputado provincial (UCR en Cambiemos)

intervención del diputado jose artusi con respecto a la ley de agroquimicos

"El IAPV no debe buscar en el actual gobierno nacional las causas de su propia ineficiencia"

El bloque de diputados provinciales de Cambiemos emitió un documento en el que "celebra que el gobierno provincial a través del IAPV, haya tomado la decisión de impulsar la construcción de 500 viviendas sociales con fondos propios, sin depender de la disponibilidad de remesas del gobierno nacional". El texto indica luego: "Insuficiente pero necesaria, es una medida que hemos reclamado en reiteradas oportunidades, incluso a través de un proyecto de ley que crearía un fondo provincial de la vivienda y el hábitat, con asignación específica de recursos y continuidad en el tiempo, de modo tal de asegurar la disponiblidad de fondos para garantizar a la mayor cantidad de entrerrianos posible el derecho constitucional a una vivienda digna. Nos vemos a su vez en la obligación de señalar que no debe buscarse en la actitud del gobierno nacional la causa de la evidente ineficiencia de la gestión del IAPV desde hace años para dar respuestas a las legìtimas demandas de las familias más vulnerables de nuestra provincia, que no pueden acceder por otros medios a una solución habitacional acorde a sus necesidades. Es imperioso señalar que la demanda dirigida al IAPV había sido sobredimensionada como consecuencia de la desaparición del crédito hipotecario dirigido a sectores medios, sistema que el actual gobierno nacional de Cambiemos ha logrado reactivar con notable éxito, sumado esto a la mejora y ampliación del Programa PROCREAR", indicaron los diputados de Cambiemos.  EL DÉFICIT. "El problema de la vivienda es uno de los más importantes que padecemos hoy.

En Argentina hay un déficit habitacional de 3.500.000 hogares que padecen diariamente 12 millones de personas. Faltan 1.500.000 viviendas y 2.000.000 necesitan ser refaccionadas o tener mejor infraestructura. Compárense estas cifras que dimensionan el déficit con lo hecho en los últimos años: durante los años 2014 y 2015 se terminaron en todo el país, sumando FONAVI más Programas Federales, un total de 60.331 viviendas, a razón de un promedio de 30.165 por año. A ese ritmo, suponiendo que el déficit no aumentara por arte de magia, aún así harían falta 50 años para llegar a construir las viviendas que cubrieran dicho déficit. Obsérvese que el promedio del bienio 2014-2015 es inferior al registrado durante 2000 y 2001, en plena crisis y cuando sólo se contaba con recursos del FONAVI: 32.493 viviendas terminadas por año. Entre Ríos no fue una isla dentro de este panorama desolador. En efecto, a pesar de contar con los recursos adicionales de los Programas Federales, el promedio anual de viviendas terminadas en el período 2012-2015 sólo ascendió a 1251 viviendas, muy poco por encima del período 2000- 2003, cuando no se contaba con los recursos de programas federales, en el que se llegó a un promedio de 1130 viviendas terminadas por año. Este promedio subió en el período siguiente (2004-2007), a 1525, para descender nuevamente durante 2008 y 2011, a 1051, incluso por debajo del período 2000-2003, en plena crisis antes y después del estallido de la convertibilidad", detallaron los legisladores. 

MEDIDAS. "Finalmente el documento del bloque de Cambiemos en la cámara Baja provincial, precisó: "Frente a esta situación el gobierno nacional ha puesto en marcha una estrategia nacional de vivienda y hábitat, de la que el Plan Nacional de Vivienda forma parte; entendiendo que la vivienda digna es la base para el desarrollo de una familia y de las personas que la integran, y las políticas públicas de vivienda y hábitat deben ser un componente central de la lucha contra la pobreza. El Plan Nacional de Vivienda es integral, y requiere que las provincias, a través de los institutos provinciales de vivienda, los municipios, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, asuman, cada uno en la esfera de sus competencias y obligaciones, un nuevo rol activo para articular de la manera más eficiente posible los esfuerzos de todos en pos del bien común. En este sentido, resulta útil recordar que al 31 de Diciembre de 2017 había un total de 5407 viviendas sociales en ejecución en la provincia de Entre Ríos, correspondiendo de ese total 2439 al IAPV, 1275 a diversos consorcios, y 1675 a municipios. Entre 2016 y 2017 el gobierno nacional transfirió a la provincia 2847 millones de pesos destinados a la construcción de viviendas sociales, 1943 millones del Plan Nacional de Vivienda y 904 millones del FONAVI. El IAPV recibió el 100% de esos recursos FONAVI, y más del 68% de los fondos del PNV. El IAPV podría contar con más recursos destinados a la construcción de viviendas si mejorara su propia recaudación por recupero de las viviendas adjudicadas, y si destinara tales recursos a obras, ya que actualmente se utilizan para financiar los gastos de funcionamiento del instituto. Adicionalmente, tal como proponemos en nuestro proyecto de ley, si se creara el fondo provincial de la vivienda, se podría disponer de mayores montos destinados a viviendas sociales. Entre Ríos tiene el 2% del déficit habitacional del país y sin embargo está previsto que reciba el 8% del total del presupuesto nacional disponible, lo que habla a las claras de que nuestra provincia no es discriminada, como tampoco es discriminado ningún municipio entrerriano, sino que reciben ayudas en función de sus necesidades, su capacidad de gestión para elaborar proyectos y su predisposición a desembolsar los aportes correspondientes a la contraparte. Desde nuestro bloque seguiremos aportando ideas y proyectos para avanzar en el logro de condiciones que hagan posible una mejor polìtica pública de vivienda y hábitat. El gobierno provincial debe hacerse cargo de sus propios déficits y no deslindar responsabilidades, articulando de manera responsable esfuerzos y acciones con el gobierno nacional, los municipios, y los propios beneficiarios, para que el derecho a la vivienda digna deje de ser sólo una expresión de deseos escrita en la constitución provincial y comience a ser efectivamente una realidad tangible para todos los entrerrianos", concluyeron.